Los múltiples conflictos entre petroleras privadas y gobiernos latinoamericanos
Por: Alejandro Rebossio | 13 de abril de 2012
Ni Repsol YPF ha tenido solo problemas en Argentina ni este país es el único en Latinoamérica donde las petroleras privadas han enfrentado conflictos con los gobiernos. Las disputas van desde Bolivia a Ecuador y desde Venezuela a Brasil.
En Argentina, tras la crisis socioeconómica de 2002, el precio del gas quedó congelado y apenas ha aumentado desde entonces. Además, el entonces Gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003) impuso impuestos a la exportación de hidrocarburos. Así fue que varias petroleras demandaron a Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal del Banco Mundial: las norteamericanas Exxon Mobil y Pioneer, la alemana Wintershall, la francesa Total y la angloargentina Pan American Energy (PAE, controlada por BP). PAE y Pioneer desistieron finalmente de sus pleitos con tal de que las provincias argentinas les renovaran concesiones de áreas petroleras. Más de una empresa en toda Latinoamérica ha seguido el mismo camino porque el negocio futuro resultaba mayor que la indemnización que pretendían por los conflictos pasados. Exxon Mobil, que también se quejó porque el Gobierno argentino le impidió exportar gas a Chile para que abasteciera el mercado interno, ha concluido un litigio, pero mantiene otro. Total sigue con su querella, mientras que Wintershall perdió la suya. Repsol no siguió el camino de estas petroleras, aceptó venderle un 25% al grupo argentino Eskenazi, pero ahora enfrenta la amenaza de la nacionalización.
En Bolivia, el Gobierno de Evo Morales reestatizó YPFB, expropió las filiales de otras petroleras y renegoció concesiones a empresas privadas de modo de que YPFB esté presente en todas ellas con una mayoría de las acciones. Casi todas las empresas, incluida Repsol, se acomodaron a las nuevas reglas de juego, pero PAE no y ha iniciado un juicio contra Bolivia ante el CIADI por la nacionalización de su petrolera Chaco. La causa aún continúa pendiente, más allá de que Bolivia ha renunciado a ese tribunal internacional en 2007. Una vez que un país se sale del CIADI, los pleitos vigentes continúan su curso y además existen tratados bilaterales de protección de inversiones que los gobiernos también deben renegociar para sacarse de encima la tutela de esa corte.
En Ecuador, el Gobierno de Rafael Correa renegoció los contratos petroleros para que el Estado se quedara con una mayor porción de las ganancias. Además expropió concesiones a compañías que presuntamente habían incumplido sus obligaciones contractuales, un argumento similar al que han usado las provincias de Argentina cuando recientemente le quitaron a YPF (filial de Repsol) áreas que representan casi un cuarto de su producción en este país. Además, una ley de 2010 estableció que el Estado, con PetroEcuador, será el que explote las áreas de petróleo y gas y podrá delegar las tareas operativas en empresas privadas. Repsol había presentado dos demandas contra Ecuador en el CIADI, pero finalmente las retiró como parte de una negociación para seguir haciendo negocios en ese país. La norteamericana City Oriente siguió el mismo camino. Sus compatriotas Occidental y Perenco mantienen los pleitos por expropiación de sus campos. Del mismo origen, Burlington sigue también con el suyo contra el reparto de mayores beneficios al Estado. Murphy, también de EE UU, ha ido al CIADI por el mismo motivo, pero el tribunal se declaró incompetente para juzgar este caso. Ecuador renunció al CIADI en 2007. La petrolera estatal brasileña Petrobras no aceptó las nuevas reglas de juego de 2010 y se marchó.
En Venezuela, el Gobierno de Hugo Chávez impulsó una ley que estableció que la explotación de los hidrocarburos iba a quedar en manos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) o en empresas con participación privada en las que esa compañía estatal mantuviera más del 50% de las acciones. La italiana ENI se había negado a aceptar esas condiciones, recurrió al CIADI, pero acabó por desistir del pleito para llegar a un arreglo con el Gobierno. Venezuela también expropió campos. Dos empresas, las estadounidenses ConocoPhillips y Exxon Mobil, no quedaron conformes con las indemnizaciones que el Estado les ofreció y han tocado las puertas del CIADI. Por eso, en enero pasado, Chávez decidió retirar a su país de ese tribunal.
Brasil ha aprobado en 2010 una ley que establece que Petrobras será la operadora de todos los bloques de la provincia petrolera Pre-Sal (en el mar) y otras áreas estratégicas y tendrá una participación mínima del 30% en los consorcios formados para su explotación. Pero esta ley no tenía efectos retroactivos, por lo que no provocó demandas de las compañías privadas. Sin embargo, Brasil también tiene su conflicto con una petrolera, la norteamericana Chevron. No es por una cuestión contractual sino por un derrame de crudo en noviembre pasado. El Ministerio Público Federal de Brasil denunció penalmente a Chevron, a su contratista Transocean y a 17 directivos de ambas empresas por su responsabilidad en un vertido de 2.400 barriles en el litoral del estado de Río de Janeiro. Chevron ya ha sido condenada en Ecuador a pagar 18.000 millones de dólares (13.768 millones de euros) por derrames entre 1964 y 1990 en la provincia amazónica de Sucumbíos. Este caso acaba de llegar a la Corte Suprema de Ecuador.
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