Santo remédio
Los laboratorios compran los datos de las recetas que entran a las farmacias, para saber qué prescribe cada médico. En el mundo eso está regulado o prohibido. Acá no.
 |
|
|
|
SEBASTIÁN CABRERA
En 2008, el doctor Leonel Briozzo todavía no se había convertido en el subsecretario de Salud Pública, dirigía Iniciativas Sanitarias -una institución que busca la reducción del daño en el aborto- y realizó en Montevideo un congreso latinoamericano sobre salud sexual. Varias empresas vinculadas a la industria farmacéutica apoyaron económicamente el encuentro. Una de ellas fue el laboratorio GlaxoSmithKline, que dictó allí una conferencia para publicitar la vacuna contra el virus del papiloma humano.
Hoy, Glaxo es uno de los dos laboratorios que le venderían la vacuna al Estado cuando se universalice su uso en 2013. Y Briozzo representa la posición que dentro del gobierno tiene reparos con la vacunación.
Prácticamente todos los congresos médicos son auspiciados por farmacéuticas que los utilizan para publicitar sus productos entre aquellos que son su nexo con los pacientes. Es habitual, además, que los médicos reciban regalos y que los laboratorios les paguen viajes para participar en actividades en el exterior.
La relación estrecha entre la industria farmacéutica y los médicos es motivo de conflicto de intereses en todo el mundo. La diferencia es que a nivel internacional hay cada vez más regulaciones para transparentar los vínculos entre los médicos y la industria. Y en Uruguay, no.
En otros países los médicos están obligados a declarar si recetan un medicamento de un laboratorio que, por ejemplo, le pagó un viaje al exterior o le financió un evento. En los congresos internacionales los médicos disertantes también deben declarar si tienen relación con alguna firma. Y se tiende a restringir la comercialización de la información de las recetas.
En los últimos años, los laboratorios saben con bastante exactitud cuáles médicos recetan sus medicamentos y en qué cantidades, con lo cual pueden "premiar" a algunos en base a esa información o intentar "conquistar" a otros que no prescriben sus productos. Eso gracias a que las farmacias venden a una empresa privada las recetas que les entran. Esa firma, a su vez, le vende a muchos laboratorios una base de datos con toda la información de lo que se receta. Así, las recetas médicas se comercializan, en una suerte de "espionaje" que es legal. Por lo menos en Uruguay.
Acá no hay un marco regulatorio y las pocas disposiciones que existen, no se respetan (ver recuadro). Desde el período pasado hay un proyecto de ley de "protección al usuario" del diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Alvaro Vega, que limita los regalos a los médicos, regula la publicidad y la entrega de muestras y además prohibe que se puedan comercializar las recetas. Pero todo indica que no hay demasiada voluntad de tratar el proyecto y, menos, de aprobarlo.
El gobierno, eso sí, incluyó en la Rendición de Cuentas un artículo que dice que los médicos que soliciten tratamientos y fármacos al Fondo Nacional de Recursos (FNR) deberán declarar, a partir de enero de 2013, si mantienen un vínculo con el centro donde se atenderá al paciente o con el laboratorio que dará la medicación.
DE CERCA. Francisco Coppola -grado cuatro de la Clínica de Ginecotocología, ex presidente del comité arbitral del Sindicato Médico y de la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay- mira para afuera de su despacho, en la Maternidad del Pereira Rossell, y señala los carteles que están en todo el predio del hospital, con el logo de un conocido laboratorio privado.
"Es lamentable que toda la cartelería esté auspiciada por un laboratorio, que es parte interesada", dice Coppola. "No es ético. ¿Para qué le sirve al usuario ver el sello de un laboratorio? ¿ASSE no tiene dinero para los carteles?", pregunta, indignado. Pero lo que más le preocupa a Coppola de la relación entre los médicos y la industria farmacéutica es esa base de datos que se comercializa en plaza y que le permite saber a las empresas qué recetan los médicos: si mandan los medicamentos de su laboratorio o los de la competencia.
La firma que opera en Uruguay se llama Close Up International. En su sitio web se define como la primer empresa en el mundo en "informes de mercado de prescripciones". Coppola dice que la base de datos es "muy masiva" y que a todas las farmacias les interesa comercializar las recetas. Qué Pasa consultó por correo electrónico -el único medio de contacto disponible en su sitio web- al representante de la firma en Uruguay pero no hubo respuesta al cierre de esta edición.
Daniel de Lorenzi, gerente del Centro de Farmacias del Uruguay, admite que lo que hacen es "vender las recetas". La mayoría de las farmacias, dice De Lorenzi, no tiene un sistema informático como para procesar la información, sino que se limita a dar "los papeles" a Close Up.
Desde la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines (CEFA), que congrega a 14 grandes laboratorios internacionales que operan en Uruguay, su director ejecutivo Daniel Garat confirma que algunos laboratorios compran esa base de datos a una empresa "que se dedica a auditar las recetas que van a las farmacias". Pero Garat le quita trascendencia a la fiabilidad de esa información. "Acá no es muy de fiar, no es tan representativa porque el 40% de los productos sale por el canal mutual, que tiene un vademécum restringido, y el 20% por Salud Pública", dice el representante industrial. "En Argentina, por ejemplo, son 40 millones, y sale todo por farmacia. Ahí sí es más útil el sistema".
El ejecutivo dice que no necesariamente se premia al que más receta. "Si yo sé que fulanito me receta mucho, capaz que auspicio a otro médico que no me está recetando para ver si lo convenzo", afirma Garat, un poco en broma pero un poco en serio.
La otra gremial es la Asociación de Laboratorios Nacionales, que agrupa a 30 empresas que fabrican medicamentos "genéricos", que venden el 91% de las unidades pero abarcan el 61% del mercado si se toma en cuenta el valor de los medicamentos. Su gerente, Alvaro Martínez, dice que esta base de datos sirve para medir "el mercado y su evolución" y permite a las empresas que la compran "conocer su penetración y cuál es la aceptación de sus productos".
Hoy en Uruguay es legal este sistema. "En otros países se está prohibiendo porque conduce a un marketing perjudicial y fomenta los conflictos de intereses porque un laboratorio sabe perfectamente lo que se receta o no", dice Coppola. Este registro, según el pediatra José Luis Diaz-Rossello -ex docente de la Facultad de Medicina y ex consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)-, tiene como único objetivo "focalizar la publicidad y premiar al que receta", algo así como "otorgar millas por cada receta que se firma". Y pone un ejemplo: "Si una persona receta 10 veces al año un medicamento que vale 2.000 dólares, es un buen negocio pagarle un pasaje". A su juicio, sería razonable regular este mecanismo y hasta prohibirlo por ser "intrusivo".
Coppola coincide en que este sistema es "una violación al secreto médico", pero dice que la mayoría de los médicos ni siquiera saben que eso existe.
En 2006, The New York Times publicó una investigación acerca de cómo las empresas farmacéuticas aprovechaban las nuevas tecnologías para elaborar resúmenes sobre las pautas de prescripción de los médicos de Estados Unidos. Según aquella investigación, la información no contiene datos sobre los pacientes pero sí sobre lo que receta cada médico. En los últimos años, la Asociación Médica estadounidense ha creado un programa para restringir el acceso a estos datos. "En algunos estados se ha prohibido utilizar y vender los datos de prescripción", dice Coppola. Y relata que está estudiado cómo se incrementa la gráfica de recetas de un medicamento después de financiar un viaje o una actividad de promoción. El problema, explica, es que la mayoría de los usuarios confían en el médico y no saben "que pueden estar influenciados por una estrategia de marketing".
SIN FUTURO. Vega, el diputado del MPP que en 2008 presentó un proyecto de ley, está convencido que no será votado. "No tengo ninguna expectativa", dice Vega, quien es cirujano y atiende en Florida. "La ley no camina, pero no tengo constancia de que sea por presión de los laboratorios".
Entre otros cambios, el proyecto regula las publicidades (dice que si aparece un médico en un aviso debe aclararse que está cobrando por ello; se prohíbe incluir personajes que sean asimilados a profesionales de la salud; se debe advertir sobre las contraindicaciones y efectos secundarios). También dice que los laboratorios pueden financiar eventos en el extranjero pero sin que la estadía del médico exceda el tiempo de duración. Y que no podrán pagar pasajes a acompañantes ni financiar actividades turísticas. Las cenas deben ser "de carácter modesto". Los regalos a médicos no pueden superar las 200 unidades indexadas (unos 480 pesos) y quienes influyen en las decisiones de compra de insumos o medicamentos no pueden recibir ningún regalo.
Más allá del proyecto de Vega, hay un grupo de docentes y ex docentes, entre los que están Coppola y Diaz-Rossello, que se han empezado a reunir hace algunas semanas para intentar consensuar una nueva propuesta de norma a proponer al MSP. Eso iría, según Coppola, desde la simple declaración de conflicto de intereses para todos los médicos "hasta la discusión de si es conveniente que siga funcionando una base de datos con lo que recetan los médicos".
Diaz-Rossello dice que la solución pasa por la transparencia y no por prohibir nada: "Que la gente sepa con quién está". Y pone el ejemplo de la Cleveland Clinic, en Estados Unidos, que pone en su página web "cuánto recibe cada médico de la industria" si son aportes de más de 5.000 dólares al año. En Estados Unidos, además, la administración Obama obligó a la industria a publicar una base de datos con el apoyo a cada médico y con cuánto dinero.
REGALOS. En Uruguay casi todos los médicos y docentes más prestigiosos han viajado invitados por laboratorios, dice Diaz-Rossello. ¿Qué debe hacer un médico cuando recibe un regalo de un laboratorio? "No aceptarlo, es obvio", responde. "No hay que ir a un hotel cinco estrellas para recibir la información sobre un medicamento".
Garat, director de la cámara que agrupa a 14 grandes farmacéuticas, dice que los laboratorios patrocinan congresos que "ayudan a formar a los médicos", pero afirma que hay un código de ética y que suelen ser estrictos al elegir a quién invitan a congresos al exterior. "Tampoco es que mandemos cien médicos", se ataja, "normalmente van referentes o gente que está desarrollando una investigación local".
Lo no ético -según escribió en la Revista Médica la Magíster en Bioética, María Teresa Rotondo -es que "la industria invierte en todas esas regalías a los profesionales, pero no pierde dinero, sino que aumenta notoriamente sus ventas y encarece el producto". Eso no favorece al paciente, quien termina asumiendo "los gastos que exceden al valor de la producción del medicamento".
Es sabido entre los médicos que el doctor Eduardo Touyá, cuando era director general de la Salud al inicio del gobierno de Jorge Batlle, devolvía los regalos. Y cuando fue decano en la década de 1990 mandó eliminar del papel-carta, que se usaba para hacer notas de la Facultad de Medicina, el logo de un laboratorio, impreso en la parte inferior. Desde su casa, Touyá, hoy jubilado, confirma el caso. "Un papel oficial de la facultad no puede tener el sello un laboratorio", se ríe. Y revela el final de la historia: "Guillotinamos todas las hojas y ya está".
EL DINERO PARA LOS CONGRESOS
La Comisión de Bioética del SMU estudió en 2003 qué hacer con el apoyo de los laboratorios a los eventos de Educación Médica Continua. Y concluyó que "lo ideal" sería realizarlos en forma independiente a la industria. "Pero las necesidades económicas llevan a que haya que recurrir a estos ingresos; no ignorando el riesgo de perder independencia en las indicaciones médicas o investigaciones".
Lo que no se cumple
Hay un decreto de 2002 que obliga a los médicos a poner en la receta el nombre genérico del medicamento, es decir el principio activo o droga que lo compone, y no el comercial. Así, por ejemplo, deberían recetar Amoxicilina y no Amoxidal. Pero pocos médicos lo cumplen.
Y hay una resolución de 2007 del Consejo de la Facultad de Medicina que obliga a los docentes a declarar todas las contribuciones de la industria, "independientemente si ellas fueron recibidas en el marco de su función docente o en otras actividades profesionales". Y, otra vez, esa disposición no se aplica.
El Sindicato Médico, mientras, tiene un código de ética donde dice que es "inadmisible" la "dicotomía de honorarios", es decir, el doble pago por acto médico. Y también recibir una retribución por indicar un medicamento, solicitar un examen o enviar al paciente a un sanatorio. Pero, está claro, nadie controla que ese código se cumpla.
El nuevo Colegio Médico, una persona pública no estatal creada por ley y cuyas autoridades fueron elegidas por primera vez en 2011, regula el ejercicio de la medicina "en sus aspectos éticos y deontólogicos". Su Código de Ética está en fase de elaboración, pero nada garantiza que se vaya a respetar.
Y nada garantiza tampoco el éxito de la nueva disposición que se incluyó en la Rendición de Cuentas a pedido del Fondo Nacional de Recursos (FNR), que regirá en 2013. Allí se obliga a esta persona pública no estatal que financia la medicina altamente especializada a solicitar la declaración de "conflicto de interés" cada vez que un médico indica un medicamento o un tratamiento. Esto se pide, según dice a Qué Pasa
el codirector técnico del FNR Alarico Rodríguez, para dejar estipulado "cuándo un médico tiene una relación financiera o personal que puede influir" al pedir un procedimiento. Y para proteger a los pacientes, quienes sufren los "efectos de la relación de médicos e industria".
Es habitual que los médicos pidan medicamentos de una marca que no proporciona el FNR. "En esos casos, tanto el paciente como el financiador deben conocer si hay relación con el laboratorio productor", dice Rodríguez. Eso no implica que el medicamento o el tratamiento vaya a ser rechazado, sino que la idea es que "la información sea completa y se libere al solicitante de las sospechas".
Daniel Garat, director de Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines, dice que "se justificaría que el médico deba declarar que hay un conflicto si, por ejemplo, es el dueño del laboratorio del cual se receta el producto".
LA HISTORIA DE MARAN WOLSTON
"¿Defiende mi interés?"
"A los cuatro años de haber sido diagnosticada con esclerosis múltiple, salí de la oficina del neurólogo y empecé a buscar otro médico", escribió en diciembre de 2011 Maran Wolston, una candidata a doctorado en filosofía, en un artículo publicado en el diario estadounidense Washington Post.
"Una serie de eventos fueron erosionando mi confianza en las recomendaciones del médico, que pienso estaban influenciadas por sus relaciones financieras con las compañías farmacéuticas", escribe Wolston. Ella empezó a ver al neurólogo cuando experimentó una distorsión repentina de la visión del ojo derecho.
"En la segunda cita el médico me preguntó si quería participar en un ensayo clínico", dice Wolston, quien también tiene formación en ética médica. "Pregunté a mi neurólogo si la industria lo remuneraría por gestionar el ensayo y me confirmó que ese era el caso". Al final desistió de participar del ensayo.
Seis meses después el neurólogo le dijo que había empeorado la situación y le recomendó un medicamento llamado Copaxone. "A la semana de haber iniciado el tratamiento me llamó una enfermera de la organización Shared Solutions, que quería saber cómo me estaba yendo", cuenta Wolston. "Mi neurólogo me había preguntado si podía compartir mi historia con Shared Solutions y yo asentí, pensando que estaba relacionado con mi seguro de salud". Pero no: empezó a recibir cartas y paquetes de la firma.
Luego se enteró que Shared Solutions es una subsidiaria de la compañía que produce Copaxone. "Una de sus funciones es ayudar a que el paciente siga el tratamiento, aún cuando quiera interrumpirlo por los efectos secundarios". Al final, Wolston decidió interrumpir el medicamento: no podía caminar.
Un año más tarde la paciente volvió a experimentar un retroceso y el neurólogo le recomendó Tysabri, otro medicamento que ella, tras una investigación, descubrió que había recibido cuestionamientos. "Ahora tenía grandes dudas acerca de la lealtad de mi médico, ¿defiende mis intereses o los de la industria?".
En su estado, Minnesota, hay una ley que obliga a los médicos a registrar los pagos que reciben de la industria. "Entre 2006 y 2008 mi médico había recibido 300.000 dólares (los datos de 2009 no estaban disponibles). Entre los que más le habían pagado estaba el productor de Tysabri, el patrocinador del estudio inicial, y el productor de Copaxone. "Perdí totalmente mi confianza en él. Nunca volví a su clínica", relata ella.
Wolston buscó un nuevo neurólogo, uno que no aceptase dinero de la industria. Hasta que encontró uno. "En mi primera cita le pregunté si tenía relaciones con alguna industria; me dijo que no. Luego le pregunté si algún otro paciente preguntaba por sus conflictos de interés, y me dijo que no. Yo había sido la única".
4
veces al mes los médicos estadounidenses se reúnen, en promedio, con representantes de la industria.
94%
de los médicos tienen alguna relación con la industria, según un estudio de la revista New England Journal of Medicine.
28%
recibe honorarios por consultoría, conferencias o inscripción de pacientes en ensayos clínicos, según el estudio.
Nenhum comentário:
Postar um comentário